El Gobierno hará más controles de cómo usan los fondos los piqueteros

En plena disputa de la calle con los sectores críticos de los movimientos, Desarrollo Social lanzó auditorías sobre los subsidios directos que repartió en marzo a agrupaciones sociales para la compra de alimentos. Reclama rendición de cuentas e insiste en permitir a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo elegir dónde ofrecer su contraprestación, para evitar que sean “rehenes” de las organizaciones.

El Ministerio quiere corroborar si efectivamente se entregaron los alimentos

En un contexto de creciente conflictividad social, el oficialismo busca incrementar los controles sobre las organizaciones sociales, sobre todo las más intransigentes. Piden rendición de cuentas sobre el reparto de alimentos, que cambió de modalidad por la escasez de harina y cruzan acusaciones sobre la dinámica de las unidades de gestión del Plan Potenciar Trabajo, que controlan gobiernos provinciales, municipales y las propias organizaciones.

Lejos de un acuerdo, con protestas en las calles que se suceden mes a mes, el conflicto que mantienen el Gobierno y los movimientos sociales más combativos nucleados en Unida Piquetera promete seguir escalando, con dos ejes que se encuentran sobre la mesa: las denuncias en torno a las cambios en las unidades de gestión de los titulares del Programa Potenciar Trabajo y el avance de auditorías en el reparto de alimentos que recibieron las organizaciones.

El primer punto es motivo de acusaciones cruzadas y ambos se acusan de “usar a la gente de rehén”.

Una disputa que vio la luz a raíz de la decisión de la Casa Rosada de habilitar la opción, por página web y a principio de año, para que aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajo puedan elegir su contraprestación de áreas productivas, sociales y educativas bajo gobiernos, municipios o emprendimientos que dependen de las organizaciones sociales en pugna y eventualmente modificar ese estatus de manera libre.

En torno a esto, desde el Ministerio de Desarrollo Social confirman que miles de titulares pretenden ser designados a una unidad específica o contraprestar en una unidad distinta a la asignada, pero encuentran trabas desde las propias organizaciones.

La cartera que conduce Juan Zabaleta indagó sobre esas solicitudes y encontró que “más del 15% de las respuestas abiertas manifiestan situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones. Podemos decir que alrededor de 7 mil titulares manifiestan este tipo de situaciones que motivan a solicitar el cambio de UG”.

En relación a la ubicación de las solicitudes, más del 50% se encuentra en la provincia de Buenos Aires, siendo el área metropolitana la que concentra mayores pedidos. En segundo lugar se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6,2%, provincia de Tucumán con el 4,8% y la provincia de Jujuy tercera con el 4,4%. Las cifras, de acuerdo a fuentes oficiales, guardan cierta proporción con las cantidades de titulares existentes en dichas provincias y regiones.

En diálogo con PERFIL, Gustavo Aguilera, viceministro de Desarrollo Social, explicó: “El Potenciar Trabajo tiene un sistema por el cual el Ministerio le da un beneficio a la persona y esa persona se remite a una unidad ejecutora, que puede ser una organización social, una iglesia, un municipio o una provincia. El macrismo lo que hizo fue habilitar que las organizaciones sociales sean unidades ejecutoras, antes no pasaba. Por lo tanto, las organizaciones le dan a la gente las actividades y a su vez controlan el presentismo”.

Y puntualizó que miles de personas se mostraron “incómodas, querían trabajar en otro emprendimiento, otra que se mudó y registramos casos en los que el beneficiario recibió presiones para movilizarse o directamente le pidieron plata”. “Por eso hicimos la resolución, para que la gente pueda salir de la organización. Al día de hoy, hay 176.678 pedidos de cambio”, añadió.

Para el funcionario, no hay dudas: “Es duro decirlo, pero acá no puede haber rehenes, si la gente quiere se tiene que ir de su unidad ejecutora. Y es un punto de conflicto porque una de las movilizaciones, la de marzo, se produjo porque ellos no querían que se implementen los traspasos”.

Desde Barrio de Pie ofrecen otra mirada sobre el tema. Se