En la trampa del oso
TRISTÁN RODRÍGUEZ LOREDO
Como un fantasma del pasado, este año parecieron activarse las causas en las que la petrolera YPF era protagonista. La más antigua, una antigua demanda contra la compañía Maxus que había heredado cuando la adquirió bajo la dirección del malogrado José Estenssoro en 1995, se liquidó con un acuerdo de conciliación en mayo, cuando acordó pagar su parte en la disputa. Pagó
US$ 287 millones a un fideicomiso establecido con Repsol, antiguo accionista controlante de la firma y que fue debidamente const ituido para poder cuantificar la contingencia jurídica del reclamo.
Lo hizo calzando la operación con un crédito de un organismo internacional, por lo que el pago, un 2% del total demandado originalmente, fue absorbido en su totalidad por la contabilidad de la empresa que, recordemos, sigue siendo una de carácter privado con participación estatal y cotizante en el Mercado de Valores.
El otro reclamo también finalizó en marzo de este año, pero con un fallo de la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que deslindó la responsabilidad de la firma en la demanda que los perjudicados por la expropiación de 2012 habían entablado contra YPF y el Estado Nacional. Ese fallo marcaba un hito para la proyección de la empresa, pero el principio del fin de la política de patear el pleito que había decidido el Gobierno para este caso.
El viernes, la misma jueza dio por finalizado el tiempo en el que las partes debían ponerse de acuerdo en la redacción del fallo, por el que ya anteriormente había fijado las pautas para dimensionar la compensación que se debía hacer a los demandantes, en cabeza del Burford Capital, la firma que gestiona litigios y cotiza también en la Bolsa, financiando los procesos que a veces insumen décadas, con éste. La cifra que quedó firme asombra: US$ 16.099 millones, más del triple del valor de mercado de toda la compañía, según el cierre del viernes 15 de septiembre.
Es decir, la reticencia del Gobierno de expropiar la totalidad de la compañía (probablemente a causa de una disputa interna con el hasta entonces accionista Grupo Petersen, que también tenía injerencia en la dirección) para no caer en lo que el entonces viceministro de Economía y miembro informante ante el Congreso en el tratamiento legislativo de la ley correspondiente, Axel Kicillof, llamó “la trampa del oso”, terminó costando tres veces más cara que lo que acordó pagarle a Repsol dos años más tarde de haber intervenido la firma.
Varios de los protagonistas que avalaron el accionar reñido con la mala praxis, pero con consenso en una época en que todo lo actuado en sentido contrario de lo dispuesto por otro gobierno del mismo signo político dos décadas antes (el también justicialista de Carlos Menem) permanecieron en el prudente silencio.
El entonces ministro de Economía era Hernán Lorenzino, quien pasó a la posteridad por un video que la TV griega realizó en la Argentina y que, en un corte, cuando le preguntaron por la tasa de inflación dijo que lo borren, que quería irse. Un tema tabú en momentos del “dibujo patriótico” de las cifras oficiales, para que el IPC diera menos que la realidad. Eran momentos en que en Atenas se debatía si debían quedarse en el euro o irse, como alentaban desde Buenos Aires.
El final de esa historia ya es conocido: Grecia se quedó en el sistema monetario europeo y sorteó su crisis más tarde que temprano y la treta del Indec terminó costando caro, por los fallos perdidos contra bonistas que demostraron se perjudicó el sistema de medición oficial de la cifra de crecimiento del PBI, entre otras cosas.
La trampa del oso, a la que aludía el actual gobernador de Buenos Aires en su presentación, profusamente citado en los fallos de la jueza Preska en su rol de vocero de la posición oficial argentina, hubiera sido mucho más barata que la indemnización que debe afrontar el próximo gobierno, pero, sobre todo, hubiera quedado en poder del Estado la otra mitad de la compañía que hoy sigue estando en manos privadas.
El paso de los años también desnudó que la épica estatizante encontró en aquel momento el apoyo de muchos de los miembros conspicuos de la oposición (sobre todo, de parte del radicalismo) que permitió una mayoría abrumadora para aprobar la expropiación, fue realizada de forma al menos torpe, porque se hubieran conseguido mejores resultados a un menor costo.
Una lección de la que se debería tomar nota para no caer en la verdadera trampa: creer que el oso está muerto cuando en realidad, está en su larga hibernación de la cual, ahora quedó claro que está despertando.
POLÍTICA ECONÓMICA
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2023-09-17T07:00:00.0000000Z
2023-09-17T07:00:00.0000000Z
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Editorial Perfil