Las consecuencias de la ausencia de concursos

La nota publicada en exclusiva por PERFIL CÓRDOBA el domingo pasado, con los principales datos del suceso, causó impacto en los tribunales federales de Córdoba.

Hay posiciones divididas entre quienes consideran que fue un hecho muy grave y quienes lo ven como un traspié que se supera pagando y pidiendo disculpas. Las diferencias de criterio tienen su explicación. Hay hijos, sobrinos, parejas y exparejas ocupando puestos en los juzgados, donde la ley de ingreso democrático e igualitario a los cargos no se cumple, a pesar de haber sido sancionada en 2013.

La norma no hizo mella, ni siquiera por una vocación aspiracional de la Cámara que podría instrumentar un sistema más idóneo. Hoy, para ingresar a trabajar a tribunales federales ni siquiera es necesario tener el título de abogado.

Lenta pero decididamente los ministerios Publico Fiscal y de la Defensa abrieron concursos de antecedentes para incorporar a su personal. Eso genera idoneidad e independencia de las y los magistrados para con sus subalternos.

En el Poder Judicial eso no ocurre. Apañados por la Corte Suprema que, por acordada, impidió la aplicación de la ley 26.861 de 2013, en juzgados y cámaras no se habilitaron cambios y los cargos siguen ocupándose por designaciones a dedo y convenidas entre quienes tienen los resortes para decidir. El caso Aramayo Sánchez demuestra las indeseables consecuencias institucionales de ese sistema. Su pertenencia al círculo social y familiar con poder en la Justicia Federal explica el hermetismo y los compromisos que priman entre jueces a la hora de brindar la información y, de lo que resulte del sumario y la investigación penal, se verá si también pesan al momento de resolver la sanción que le corresponda.

Hay sumarios administrativos, suspensiones y cesantías en la historia de tribunales federales. Un fisioterapeuta fue sancionado con 29 días de suspensión porque, abusando de la confianza de los empleados que iban al centro médico, usaba sus credenciales y se asignaba sesiones a él mismo. Otro caso más resonante fue el de Héctor Eduardo Martínez, conocido por las irregularidades en la tramitación de amparos por el corralito. Fue cesanteado, sin sumario administrativo. inquietud planteada.

Los motivos que llevaron al empleado judicial –tiene cargo de escribiente– son todavía una incógnita. En el escrito que presentó reconociendo la autoría del hecho y ofreciendo un acuerdo de conciliación, no los explicó.

La conciliación, según fuentes de la investigación, consistiría en la devolución del monto exacto sustraído, ni un peso más. No contempló las consecuencias que le acarreó a la víctima el suceso, el daño moral provocado o los inconvenientes derivados de la privación del dinero. Por el momento, Aramayo Sánchez no está imputado. Se esperan informes y pericias para determinar la calificación legal. Y tampoco está cerrado el acuerdo que propuso.

El defensor de Aramayo Sánchez no dio a conocer su versión de lo

sucedido

El miércoles último, la Cámara Federal de Córdoba asignó al secretario de ese cuerpo, Manuel Malbrán, la apertura de un sumario administrativo para analizar la conducta de Aramayo Sánchez. Se le dio un plazo de 60 días.

El tribunal también pidió a Hugo Vaca Narvaja, titular del juzgado donde ocurrieron los hechos, que disponga el traslado preventivo a otra oficina.