Alberto, frente a su última mejor oportunidad

Luego de la derrota electoral, el Presidente aseguró que firmará un acuerdo con el FMI, que reclama un plan económico apoyado también por la Vicepresidenta. Cómo sería ese plan. Los límites del Gobierno.

LUIS SECCO*

2021-12-04T08:00:00.0000000Z

2021-12-04T08:00:00.0000000Z

Editorial Perfil

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Economía

Luego de la derrota electoral, el Presidente aseguró que firmará un acuerdo con el FMI, que reclama un plan económico apoyado también por la Vicepresidenta. Cómo sería ese plan. Yahora? Sin elecciones hasta 2023 — aunque la carrera presidencial parece lanzada desde hace algunos meses—, el Gobierno, la oposición, los medios y los argentinos; todos estaremos enfocados en una crisis económica de larga duración que no da tregua. No la dio antes, ni durante, ni la dará después del proceso electoral que acaba de terminar. Los principales actores del oficialismo intentaron salvar la derrota electoral, matemáticamente irrefutable, transformándola en un triunfo. Pero la búsqueda de gobernabilidad, de mostrar a un Gobierno que retoma la iniciativa y marca la agenda política y económica, no implica necesariamente que se reviertan o se tornen viables las dinámicas económicas descarriadas que hoy exhibe la Argentina. Y atención porque sin viabilidad económica no hay viabilidad política y, además, no puede haber viabilidad económica si las políticas macroeconómicas en curso no se modifican diametralmente. En tal sentido, la “puesta en escena” de una coalición de gobierno unida y triunfante coincidió con palabras y declaraciones: la mejoría mostrada entre las PASO y las elecciones legislativas es el reflejo de que en los últimos dos meses se hizo lo correcto, que se escuchó a la gente y que hay que seguir haciendo más de lo mismo. Lo que podría leerse como: hay que seguir aplicando más Estado a todo; más gasto, más controles y más regulaciones. Cabe preguntarse si no estamos entonces frente a una puesta en escena que busca reafirmar el empecinamiento prescriptivo de la coalición de gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta el “recitado” presidencial en el discurso grabado que se emitió el domingo posterior a que se conocieran los resultados, sobre los “logros” del Gobierno: la economía creciendo al 9% anual, la producción industrial en los niveles de 2017, las exportaciones más altas de los últimos 8 años y la inversión al 30%. Más allá de que algunos de estos “logros” deberían ponerse en una perspectiva distinta (no es crecimiento sino recuperación, el contexto internacional explica el boom exportador, la inversión no supera el 20% del PBI, etcétera), está claro que la mayoría de los argentinos no los percibe o no los valora. En cualquier país del mundo, un oficialismo con estos números hubiese ganado las elecciones. Pero claro, el Presidente olvidó otros números que hacen a la dinámica macro y, sobre todo, al termómetro de esa mayoría de argentinos: la alta, persistente y creciente inflación; la caída del poder adquisitivo del salario; la falta de empleo y el crecimiento de la pobreza, entre otras variables. En ese mismo discurso el presidente expuso su voluntad de tener un programa (por fin) y de firmar un acuerdo con el FMI que cuente con aprobación parlamentaria. Pero lo hizo reafirmando lo que podríamos llamar el falso dilema de la austeridad: “es necesario también seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto. Eso nos impediría cumplir nuestro sueño y nuestro compromiso de construir una sociedad inclusiva. Quiero ser muy claro. Estoy seguro de que con ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas”. En otras palabras, el Presidente repite el mantra de que la sociedad no resiste hacer lo que hay que hacer en materia fiscal (ser más austeros) para estabilizar la economía argentina. Pero ¿acaso no tenemos dinámi cas macro totalmente insostenibles en materia de inflación y pobreza sin ningún ajuste fiscal de por medio? Además, resulta absolutamente natural preguntarse cómo hará el ministro Guzmán para avanzar con un acuerdo con el FMI sin un atisbo (¡al menos!) de austeridad fiscal. Porque la literatura y la evidencia empírica —muy abundantes por cierto— exponen claramente que, si no se implementa un mínimo de austeridad fiscal y monetaria, las políticas de precios e ingresos (que son las preferidas del Gobierno) resultan insuficientes para estabilizar la macro, bajar la inflación y mucho menos generar crecimiento. Pero claro, el papel resiste cualquier cosa y las metas que podrían formar parte de un acuerdo (de facilidades extendidas que permita alargar los plazos de pago) son poco probable que se alcancen. En el mejor de los casos, al menos durante algunos meses, ese compromiso podría servir para anclar temporalmente las expectativas al darnos un plan (poco ambicioso, claro está), evitar que incumplamos con nuestros compromisos con el FMI y, quizás, permitirnos conseguir algunos dólares de otros organismos internacionales que complementen los que aportará la cosecha agrícola a partir de marzo-21/ abril-21. Lamentablemente, la Argentina necesita mucho más que un plan “para zafar”: necesita armar un programa integral de cambio de régimen económico que sea creíble —y que permita bajar la inflación a su nivel más bajo posible, en el tiempo más corto posible— y diseñar un paquete de reformas estructurales que modernicen y desregulen la economía argentina, de forma tal de hacerla más abierta y productiva y, en definitiva, más atractiva y competitiva. Sin embargo, teniendo presente las palabras del Presidente, no parece que el Gobierno tenga ni la voluntad ni la capacidad de llevar adelante un proyecto de ese tipo. Tampoco parece que el camino de un gran acuerdo político tenga como objetivo un cambio de régimen. Todo parece apuntar, una vez más, a un objetivo mucho más amarrete como el de aguantar, comprando algo de tiempo y gobernabilidad para los próximos meses. Evitar que la inflación se espiralice y que el BCRA se quede sin reservas (hoy las reservas netas son inferiores a los u$s 2,000 millones) son los dos desafíos más urgentes que tiene que enfrentar el Gobierno. La idea de aguantar, replicando lo hecho en el gobierno de Cristina Fernández entre 2014 y 2015, hoy luce inviable. No sólo las condiciones macroeconómicas son más desfavorables que las de entonces (hay más déficit, menos reservas, más inflación reprimida y más pobreza). El Gobierno enfrenta restricciones muy severas en materia de instrumentos, por cuanto ha abusado de todos los que su ADN le permite usar y, además, en materia de recursos humanos, no parece contar con los equipos adecuados dentro del Gabinete (y es muy difícil que pueda convocar alguno consistente por fuera). En estas circunstancias, podríamos decir que el Gobierno enfrenta la última mejor oportunidad para evitar una fase final de resolución de la crisis cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas son impredecibles, pero de seguro desafortunadas.

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