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Sebastián Piñera jaqueado: el Presidente chileno enfrenta simultáneamente una investigación judicial y un ped

Enfrenta simultáneamente una investigación judicial y un pedido de impeachment a raíz de las revelaciones de los Pandora Papers.

IGNACIO RAMUNDO @nach863

Apocos meses de terminar su segundo -y accidentado- mandato como presidente de Chile, Sebastián Piñera vuelve a encontrarse en el centro de la polémica, por su inclusión en la investigación periodística internacional Pandora Papes, lo que ha desatado una investigación judicial y el pedido de juicio político.

Un fuerte golpe político sobre Piñera, a un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, previstas para el 21 de noviembre de 2021. Y para sumar aún más problemas, el histórico conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, ha escalado en violencia, derivando en la decisión de Piñera de militarizar las provincias del Sur, lo que aumentó todavía más la tensión social. Todo marca el ocaso político de quien fue una de los principales referentes de la política latinoamericana de los últimos 15 años.

OCASO. Piñera quien actualmente goza de una popularidad de solo el 20%, y un rechazo del 70% luego de haber atravesado el estallido social de octubre de 2019 y la pandemia de

Covid 19, sufrió un nuevo revés público este 3 de octubre, luego que el portal La Bot, un medio que participó de los Pandora Papers, lo vinculara con irregularidades en la venta del mega proyecto minero, Dominga.

Estos manejos financieros se remontan al 2010, cuando Piñera ejercía su primer mandato presidencial en Chile. Y la Dominga, propiedad de la familia del mandatario, fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo de la infancia de Piñera.

De la venta por 152 millones de dólares, 138 millones de dólares fueron pagados en transacciones en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, para evitar impuestos. Pero para sumar más polémica, la investigación reveló que la última cuota del pago para adquirir la Dominga, estaba condicionado a que la zona no fuera declarada como área de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural y la vida de una colonia de pingüinos a 30 km, que por fortuna no se llevó adelante.

Las consecuencias de la revelación periodística obligaron seis días después a Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción a llevar adelante con el fiscal nacional Jorge Abbott, una investigación de oficio, centrada en el condicionamiento del pago final. Y se cree que esta nueva información revelada, vinculada a

una investigación anterior sobre Piñera del 2017, podría revestir delitos de cohecho y eventuales delitos tributarios.

DEFENSA. Ante la apertura de la investigación judicial, Piñera salió a defenderse públicamente desde el palacio de la Moneda, declarando que “los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron, en forma consistente y unánime, la inexistencia de delitos”. A lo que posteriormente agregó: “Tengo la plena confianza en que la Justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y, también, mi total inocencia”. Pero el miércoles 13 de octubre, la crisis escaló cuando 16 diputados de la oposición, encabezados por Jaime Naranjo del P.S., presentaron formalmente un pedido de juicio político contra Piñera. “Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio a la probidad. Y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación”, declaró Naranjo.

La presentación del pedido de juicio político generó el rechazo de distintos ministros del gobierno que acusaron a la oposición de tener fines “puramente electorales”. Será el segundo pedido de juicio político a Piñera (el primero se produjo en 2019 por la fuerte represión a las protestas sociales) y podría resolverse antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. El dictamen requiere de 78 votos de la Cámara Baja donde la oposición actualmente podría conseguir dicho número. De pasar al Senado, que es el órgano que juzga al ejecutivo, la aprobación estaría en duda, ya que se requieren dos tercios, es decir 29 votos, y la oposición al momento solo cuenta con 24.

REPRESIÓN. En el mismo día de la presentación del juicio político contra Piñera, el mandatario ordenó la militarización por 15 días en cuatro provincias del sur de Chile: Biobío, Arauco, Malleco y Cautin, debido al aumento de la violencia del conflicto territorial del Estado chileno con el pueblo mapuche. La medida contemplada en la Constitución, y prorrogable por 15 días, implica el envío de tropas y material militar hacia esos territorios, donde Piñera aclaró que la presencia de las fuerzas armadas dará apoyo logístico y no podrá reemplazar a las fuerzas policiales.

Al anunciar la medida, Piñera se cuidó de no nombrar ninguna “enemigo” en concreto, haciendo alusión a situaciones vinculadas al terrorismo y el narcotráfico, en busca de no animar mayores protestas: en los últimos días se produjeron la quemas de casas, instalaciones y bienes industriales, agrícolas y comerciales, desembocando en múltiples detenciones, incautaciones de armas e incluso dos muertos. La situación se siguió caldeando cuando una importante manifestación a favor de los mapuches en Santiago, fue reprimida violentamente por carabineros resultando en la muerte de una mujer, Denisse Cortés. A pocos días del aniversario del estallido social del 2019, la creciente tensión en las calles, las investigaciones judiciales y los fuertes cuestionamientos políticos, cercan a Piñera a días de su salida del cargo.

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2021-10-23T07:00:00.0000000Z

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