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Un país incendiado

Las violentas protestas indígenas en Quito son reflejo de la crisis económica y social. Lasso presionado por el correísmo.

MAXIMILIANO SARDI msardi@perfil.com @maxi_sardi

Ecuador lleva dos semanas de sostenidas y violentas protestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). Le exigen al presidente de la República, Guillermo Lasso, tratar una agenda económica que incluye el congelamiento del precio de los combustibles, la moratoria de deudas, no amplificar el extractivismo minero, y “precios justos” en los productos del campo.

CUADRO. La agitación en Ecuador refleja cómo la inflación se suma a los desafíos de un país donde la pandemia profundizó la pobreza crónica y la desigualdad: 32 por ciento de la población vive en la pobreza, ganando menos de tres dólares al día.

Con ese marco, el líder de la CONAIE, Leónidas Iza, desafía el toque de queda impuesto por el presidente en Quito, y protagoniza numerosos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras una parte de la oposición que responde el ex presidente Rafael Correa, pide la renuncia del presidente.

“El pueblo ecuatoriano está en la pobreza. Hay desigualdad, hay injusticia. Lo que ha despertado en este momento a los ecuatorianos es que hay una indignación”, apunó Iza.

Los reclamos de las poblaciones indígenas, históricamente abandonadas, han inclinado la balanza en las elecciones bolivianas, peruanas y más recientemente en Colombia. Antes recluidas a zonas rurales y en condiciones precarias, esos movimientos indígenas explotan hoy con fuerza. Y Quito se ve paralizada y los disturbios, que se extienden por todo el país con saqueos, y arrojan tres muertos y casi 100 heridos (según las cifras recopiladas por la Alianza por los Derechos Humanos).

“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos”, sostuvo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y varias embajadas han instado a ambas partes a alcanzar un compromiso.

VIOLENCIA. En contrapartida, en la región amazónica del país, el gobierno dice que ha perdido el control de la pequeña ciudad de Puyo a manos de los manifestantes, que detentan armas y explosivos. “En Puyo han incendiado el destacamento de la policía y tienen sitiado el ingreso a

la ciudad”, reconoció el ministro, de Interior, Patricio Carrillo.

“No confundamos con el legítimo derecho a las protestas violentas”, sumó Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. “Han generado caos, terror y muertes en nuestro país”, agregó.

Los manifestantes insisten en que el gobierno no ha abordado la situación declinante de los más vulnerables, mientras otros sectores de la economía se han visto beneficiados: el aumento de los precios mundiales del petróleo ha dejado un saldo positivo para Ecuador, que tiene allí uno de sus principales productos de exportación.

“Cuando los precios del petróleo suben, se ve más dinero en el país en el sentido de que hay más inversión. Los gobiernos construye hospitales, escuelas y carreteras. Pero no hemos visto eso con este gobierno”, remarcó Nora Brito, analista de International Crisis Group.

“En un año de gobierno es imposible cambiar problemas estructurales. Pero estamos bien encaminado a generar ese bienestar que todos necesitamos”, contestó el ministro Holguín, que destacó la campaña vacunatoria durante la pandemia.

Pero en lo sanitario, el deterioro en la atención de los hospitales públicos en Ecuador es evidente: se anotan despidos de médicos y la falta de insumos, sumados a los problemas edilicios que la misma ministra de Salud, Ximena Garzón, reconoce.

PROMESAS. El segundo año del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, inicia con un país en crisis. Los índices de inseguridad son excepcionalmente altos: entre enero y mayo de 2022 se contabilizaron 1490 crímenes violentos (asesinato, homicidio, femicidio y sicariato). En promedio, 14 personas mueren de forma violenta en Ecuador por día.

En Quito los crímenes violentos han aumentado 28 por ciento con respecto al año pasado, de la mano de los sicariatos, que se triplicaron con respecto al año pasado al igual que los asaltos que terminan en muertes violentas.

Todo eso alimenta la percepción de que Lasso es un presidente alejado de los ciudadanos, e indiferente a sus problemas cotidianos.

Y ciertamente la prioridad del gobierno ha sido encaminar la economía. Los indicadores económicos son esperanzadores: el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento conservador de 2.8% para 2022, pero el Banco Mundial augura un 4.3%, que ubicaría a Ecuador como la cuarta economía de mayor crecimiento en América Latina este año.

Pero el efecto derrame tardará en llegar, mientras seis de cada 10 ecuatorianos trabajan por remuneraciones por debajo de la canasta básica y en penosa situación laboral. El presidente está obligado a escuchar, apagar el incendio e impulsar un paquete de leyes que restablezca el equilibrio social, sobre todo si no quiere ver el crecimiento frenarse: las protestas han causado más de 110 millones de dólares en daños económicos, según el mismo gobierno.

Hasta ahora las promesas de un cambio social se han visto incumplidas: aumentó impuestos, no se mejoró el cupo para la educación superior, y Lasso vetó el proyecto de ley de interrupción del embarazo.

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2022-07-02T07:00:00.0000000Z

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