La matriz de la pobreza detrás de los planes sociales

La alta inestabilidad y creciente heterogeneidad del sistema del régimen económico argentino tiene asociados –a manera de síntoma endémico–, elevados niveles de pobreza monetaria, carencias crónicas y de desigualdad económica. En este contexto, se ha generado un núcleo duro de población excluida –población “sobrante”–, altamente vulnerable a las crisis económicas, y a la vez, muy poco resilientes a los ciclos de recuperación y expansión. Es por ello, que en lo que va del siglo XXI, la pobreza en la sociedad urbana argentina nunca ha estado –en sus mejores momentos– por debajo del 25%, y que la pobreza crónica actual gire del 30%, con una tasa de pobreza total que se acerca de nuevo al 40%.

Difícilmente esa población “sobrante”, aunque disponible, acceda a un empleo formal, dado que no cuentan con las calificaciones de los sectores productivos que actualmente podrían generar empleo formal. De ahí que su destino presente sea constituirse en una mano de obra barata, tanto en empleos dignos, pero de muy baja productividad en la economía social (cooperativas, comedores, guardería, huertas comunitarias, saneamiento ambiental, cuidado del espacio público, fabricas recuperadas, etc.); así como también, en el peor de los casos, para trabajos inhumanos bajo mafias de explotación informal, en actividades extralegales, o, incluso, bajo redes político-clientelares paraestatales. El millón y medio de beneficiarios de programas sociales de empleo forman parte de esta población, pero también no menos de otros tres millones de trabajadores pobres que demandan un mejor vivir a través de un mejor aprovechamiento de sus capacidades de trabajo.

Tanto el origen como la solución del problema no reside en cuántos más o menos programas sociales pueda brindar el Estado; ni cuánto más o menos contraprestación laboral pueda caber en este contexto; ni tampoco –aunque sin duda es clave atender este punto– de cuánto más o menos gerenciamiento provincial-municipal y fiscalización nacional requiere el desarrollo de mejores trabajos productivos, sociales o comunitarios en el marco de la llamada economía popular. Ahora bien, no es un dato de menor valor el hecho de que las organizaciones sociales o políticas que actualmente gerencian en su provecho parte de los programas sociales, funcionan también como potente mecanismo de contención social ante situaciones de crisis, desbordes, mafias locales y/o males mayores. Pero que ello sea así, es debido a la propia incapacidad del propio Estado, lo cual interpela aún más a dicho Estado a asumir esta función social.

Si bien difícilmente disolver la causa de un problema social revierte el problema, sí al menos la mayoría de las veces pone un freno a su reproducción; a partir de lo cual se hace al mismo tiempo, tanto necesario como posible, introducir soluciones efectivas innovadoras. La causa del problema que nos ocupa es la reproducción de un modelo estanflacionario crónico que sin impedir el desarrollo de sectores dinámicos –que garantizan la inclusión plena del 30% de nuestra sociedad–, hunde en la pobreza estructural a amplios sectores de la economía informal, vinculados a la demanda de bienes y servicios populares. Salir del problema es clave para lograr una estructura social más integrada e incluyente que exige salir de esta trampa que genera la pobreza, lo cual no solo depende de la estabilidad macroeconómica y del nivel de crecimiento, sino del modo en que se crece y la manera en que se distribuyen los excedentes.

En ese marco, por ejemplo, en un contexto de crecimiento redistributivo, acompañado de reformas estructurales en diferentes planos, cabe imaginar una nueva política de seguridad social capaz de generar –a través del sector público, privado y social– un “empleo mínimo” de última instancia para todos aquellos que así lo necesiten, el cual debería estar prioritariamente volcado a generar bienes y servicios con valor agregado –sea de valor de mercado o comunitario–, a través tanto del propio trabajo como del uso intensivo de nuevas tecnologías que incrementen la productividad social de esos empleos. En cualquier caso, este gerenciamiento de los proyectos de desarrollo local debe hacerse a escala estatal –sea municipal o provincial–, a cargo sí de ejecutores públicos, privados o cooperativos, pero nunca bajo el control social de un grupo o sector político o gremial; pero en ningún caso un Estado ausente.