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Perfil (Domingo) - 2021-05-02

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La frontera entre EE.uu. y méxico, en su punto más crítico en décadas

EL OBSERVADOR

Clarisa Demattei*

El 26 de marzo de 2021 la historia de la inmigración hispana hacia Estados Unidos llegó a un nuevo hito: más de 18 mil menores de edad, provenientes de países como México, Honduras y Guatemala, entre otros, permanecían detenidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la frontera de Texas. Pero este nuevo récord nos remite a una historia más compleja que parece nunca acabar y las cifras de inmigración indocumentada así lo demuestran: durante febrero y marzo de este año las autoridades norteamericanas contabilizaron alrededor de 100 mil cruces ilegales, la cifra más alta en años. Historias. Pero detrás de estos números hay historias particulares que, además de complejizar el problema desde un punto de vista humanitario, hacen imposible llegar a una resolución legal que no demande meses e implique que en la mayoría de estos casos los migrantes deban permanecer detenidos en las instalaciones penitenciarias instaladas en la frontera. Porque cada caso que cruza el río Grande –la frontera fluvial que divide ambos países– es distinto y parece que uno es más complicado que el otro: mujeres embarazadas de siete u ocho meses cuyos hijos nacerán en los centros de detención texanos, ciudadanos centroamericanos que escapan amenazados por las bandas del crimen organizado como la Mara 18, bebés de pocos meses en brazos de sus madres, tráfico de personas, niños menores que llegan sin sus padres a la orilla norteamericana en botes inflables bajo el “cuidado” de los denominados coyotes, personas a quienes los que desean inmigrar les piden ayuda a cambio de onerosas sumas de dinero que a veces llega a representar la totalidad de sus ahorros. En algunos casos estos coyotes logran su cometido con éxito, pero en otros resulta no ser más que un fraude que abandona a las familias en el medio del camino a solas, sin dinero y a merced de las autoridades norteamericanas. Muchos se preguntan si desde Protección Fronteriza conocen a los coyotes y, en ese caso, por qué no los detienen. Pero ahí radica el truco: los coyotes nunca pisan suelo norteamericano. Sin control. Para el Estado norteamericano, independientemente de quién sea o haya sido el presidente, la inmigración hispana indocumentada representa una problemática en agenda que desde hace décadas no puede resolver. Estados Unidos, una nación soberana, ha perdido uno de los elementos sustanciales de su estatalidad: el control de su frontera sur. A lo largo de los años Estados Unidos ha desarrollado varias estrategias para detener el flujo incesante de inmigrantes indocumentados: mayor presencia de la patrulla fronteriza, más vigilancia, intentos de sanciones a México y la construcción del famoso muro divisorio que al día de hoy alcanza una extensión de más de mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, nada de esto fue fructífero. Se estima que en promedio 5 mil personas cruzan diariamente por las fronteras fluviales y terrestres que dividen México de Estados Unidos. Y estas cifras pueden llamar la atención, pero se convierten en alarmantes cuando además consideramos que el 60% de la totalidad de los indocumentados que habitan en el país norteamericano no llegaron por tierra sino que arribaron en avión con una visa de turista y nunca más salieron. Por eso, a pesar de haber duplicado en los últimos veinte años la cantidad de patrullaje y policías ubicados en la frontera, la inmigración ilegal no ha dejado de crecer. Cambios. A pesar de esta fuerte presencia policial en las fronteras, para muchos la estrategia migratoria está cambiando. Con la nueva administración, el gobierno de Biden emitió una orden ejecutiva que establece que ya no deportarán a los inmigrantes indocumentados apenas pisen suelo norteamericano sino que todos los que sean atrapados podrán pedir comparecer ante la Justicia y que un juez analice su caso. En el mejor de los escenarios, estos pueden permanecer de manera condicional en el país con audiencias periódicas o incluso otorgarles asilo a quienes escapan de bandas delictivas o son víctimas de la violencia armada. Sin embargo, pueden pasar meses hasta que la Justicia se expida y los centros de detención continúan llenándose de nuevos migrantes día a día y hora tras hora hasta llegar a situaciones de hacinamiento. En solamente seis meses, el aumento de menores migrantes no acompañados prácticamente se duplicó, y debido a esta nueva medida de la administración Biden, el gobierno norteamericano se comprometió a no deportar a ningún menor hasta haber analizado su caso particular. No obstante, la mayoría no logra quedarse. Si bien Biden permite que cada inmigrante tenga el derecho de declarar ante un juez, contar su historia y esperar la orden judicial, la realidad demuestra que gran parte de las solicitudes de residencia son rechazadas y terminan deportados hacia sus países de origen en avión o caminando otra vez hacia tierras mexicanas. Para los republicanos, la responsabilidad de esta crisis migratoria sin precedentes es exclusivamente del presidente Biden, ya que como consecuencia de sus promesas de campaña de modificar el sistema migratorio, sostienen que despertó las esperanzas de los inmigrantes centroamericanos que desean ir a Estados Unidos. Para los demócratas, por el contrario, este descalabro legal es consecuencia de las malas políticas aplicadas por el ex presidente Trump y la negativa de asumir la seriedad de este asunto y elaborar una política pública a la altura de este desborde migratorio. Y por último, para varios ex presidentes norteamericanos, México tiene gran parte de la responsabilidad debido a que no estableció políticas restrictivas para evitar la emigración de sus ciudadanos. Varios autores dudan de la posibilidad de que México intente bloquear la salida de sus habitantes cuando las remesas desde Estados Unidos a México por parte de mexicanos que emigraron hacia el Norte representan el segundo mayor ingreso de divisas de ese país después del petróleo. Hispanos. Según estimaciones de la Oficina de Censos, para 2020 los hispanos en Estados Unidos llegaron a ser 60,6 millones, lo que constituyendo el 18,5% de los habitantes del país. Sin embargo, de esos más de 60 millones, alrededor de 10 millones son indocumentados. Esto implica que un 3% de los habitantes en Estados Unidos viven sin ser registrados por la lupa del Estado. Son invisibles, y el gobierno no sabe quiénes son. Pero esta situación está lejos de solucionarse. Incluso, como consecuencia de la enorme cantidad que han llegado al país en las últimas décadas, tanto de manera legal como ilegal y favorecidos por la alta tasa de fecundidad, se estima que para el año 2100 los hispanos van a ser la población mayoritaria en Estados Unidos. ¿Podremos imaginar un Estados Unidos latino en un futuro? Para eso habrá que esperar. Pero sin dudas la problemática migratoria es una enorme deuda pendiente del Estado. Para algunos hay que reformar el sistema de cero y abolir la policía migratoria (ICE, según sus siglas en inglés). Para otros, Estados Unidos no puede abordar este tema sin cooperación de México y otros países centroamericanos. Para la mayoría, es una problemática que nunca va a llegar a su fin. *Licenciada en Ciencias Políticas (UCA), investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA).

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