SANTIAGO SENéN G.

El 29 de julio de 1966, por orden del recién instalado presidente de facto, el general Juan Carlos Onganía, se intervinieron todas las universidades del país y se desalojaron las cinco principales facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ocupadas en rechazo a la intervención decretada, mediante el uso de las fuerzas policiales. Se avasallaba la autonomía universitaria, pero además, y más grave, se cercenaba el mayor capital humano, científico y tecnológico del país, un retroceso que se prolongaría durante décadas y que costaría otras tantas décadas revertir.

El 28 de junio de 1966, un golpe militar derrocaba al presidente Arturo Illia y los jefes castrenses designaban al general Onganía como presidente de facto. Como primeras medidas, el nuevo gobierno de facto había clausurado el Congreso Nacional y prohibido la actividad de los partidos políticos. El rector de la UBA, Hilario Fernández Long, destacado académico, daba a conocer una resolución de la Universidad en repudio al golpe.

Las universidades se convierten en el próximo blanco: la intervención es inminente.

El viernes 29 de julio se difunde el decreto ley 16.912 que determina la intervención, prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito (integrado por graduados, docentes y alumnos). Los rectores deben convertirse en interventores delegados del Ministerio de Educación si quieren seguir en sus puestos. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian.