Juicio por jurados. Hacer justicia, un ejercicio en poder de la ciudadanía

La metodología contempla que cualquier persona mayor de 18 años y menor de 75 pueda ser convocada para juzgar a un acusado. Los especialistas consideran que es una forma de democratizar un sistema que está altamente cuestionado.

“No hay más independiente que un tribunal popular”, opina el abogado Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.

Un jurado conformado por 12 miembros tiene la misión de juzgar a un adolescente acusado de haber matado a su padre. Todos están convencidos de la culpabilidad del imputado menos uno: el número 8. El film 12 Hombres en pugna es un clásico del cine de mediados del siglo pasado que retrata las discusiones de un tribunal popular y cómo ante una relectura de las pruebas, uno a uno va cambiando su postura. Se trata de una práctica que cada vez adoptan más provincias argentinas, en las que el veredicto del pueblo ya es una realidad.

El juicio por jurados está contemplado en la Constitución Nacional de 1853. Córdoba fue la primera provincia en llevarlo a cabo, en 2005, y es la única en la que el tribunal se conforma por ocho ciudadanos, en lugar de 12, y tres jueces técnicos. Luego, se sumaron Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos y San Juan.

Se proyecta que en breve también se desarrolle en la Ciudad de Buenos Aires. Cada legislatura provincial diseña su propio sistema. En el discurso de apertura del 139º período de sesiones ordinarias del Congreso, ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de ley de juicio por jurados para ser implementado a nivel federal.

“Es la revolución del sistema judicial en Argentina”, evalúa Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, en diálogo con Acciones. “No hay nada más independiente que un tribunal popular”, se entusiasma, y argumenta: “Se trata de un derecho constitucional que no se estaba cumpliendo”.

Hasta ahora, esta modalidad se aplica en los casos más graves, bajo carátulas de homicidio, abuso sexual o secuestro. Solo en la provincia de Buenos Aires, el acusado puede rechazar un tribunal popular, como ocurrió con los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Los jurados están conformados por personas mayores de 18 años y menores de 75. Cualquier ciudadano puede ser convocado a formar parte de un tribunal y solo quedan exceptuados quienes estén vinculados a las fuerzas de seguridad, sean funcionarios electos, abogados o empleados del Poder Judicial, entre otros. Se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desarollo de la función.

Pero no solo es una revolución en el sistema judicial. También representa una transformación cultural. La posibilidad de juzgar y decidir sobre el destino de pares por los hechos cometidos es de las máximas expresiones de participación ciudadana. “Todos sabemos qué está bien y qué está mal”, afirma Harfuch.

¿Hay aceptación o se vuelve una carga ser convocado? Hasta ahora, ninguno de los jurados llamados para los más de 1.000 juicios que se realizaron en el país se negó a ser parte de un tribunal. “Ante la convocatoria, pueden presentar dudas, pero cuando se les explica cómo es la dinámica, enseguida bajan las resistencias y todo fluye de la mejor manera”, aseguran desde la oficina de Juicios por Jurados de Chaco.

“La Justicia estuvo muy distanciada de la ciudadanía, hay mucho descreimiento en el sistema. Esta es una manera de recobrar la confianza y hay un gran interés por ser parte, por participar. Desde el lado del derecho, también es visto como una posibilidad de recuperar ese vínculo

“Los jurados deben contar con todas las evidencias para poder decidir”, dice Elvio Garzón, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos.

“Pensamos que la exigencia de unanimidad es recomendable para prevenir errores”, afirma Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina.

se había perdido”, indica el legislador porteño Leandro Halperin, autor de una de las iniciativas sobre la implementación de tribunales populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diversidad de género y clases. Cómo conformar los jurados es una de las claves para garantizar transparencia, independencia y equidad. Una vez que fueron sorteadas, las personas son notificadas, completan una declaración jurada, se elabora una lista y en una audiencia seleccionan a los jurados para el caso convocante.

En las provincias donde ya se implementa el sistema, los tribunales se conforman por seis mujeres y seis hombres, además de seis suplentes que también respetan la paridad de género. Una de las particularidades del proyecto que está por aprobarse en la Ciudad de Buenos Aires es que deberán ser cinco hombres y cinco mujeres, mientras que los otros dos lugares pueden ser ocupados por personas que se autoperciben de otros géneros. “Nos pareció necesario que fueran incluidas todas las miradas”, señala Halperin.

En Chaco y Neuquén, también se contempla la conformación de un jurado indígena si el caso así lo requiere. Si alguna de las partes involucradas pertenece a los pueblos originarios, la mitad de los integrantes tiene que ser de la comunidad. Si ambas partes son indígenas, lo mismo debe ocurrir con todos los miembros del tribunal. “Es necesario asegurarse la imparcialidad y la pluralidad de visiones, diversidad de géneros y de extracción social, de modo de garantizar un debate más profundo y de prevenir decisiones discriminatorias”, señala Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina. La organización se dedica a visibilizar los defectos o problemas estructurales del sistema penal y promueve reformas con el fin de mejorarlo y evitar futuras condenas erradas.

La identidad de los jurados es reservada. Se les asigna un número y no trasciende su nombre ni apellido. Por su tarea en el tribunal, reciben una remuneración, que varía entre las personas que trabajan en relación de dependencia y las que tienen un empleo informal. Los empleadores deben otorgar permisos y licencias y no pueden sobrecargarlos de trabajo por los días que se ausenten. A quienes desarrollan tareas como autónomos o independientes, se les otorga un dinero por las jornadas destinadas al juicio.

Evidencias claras y contundentes. Una vez conformado el tribunal, el juez les da las instrucciones a los juraque dos y se presentan todas las pruebas que aporten al esclarecimiento del hecho. A diferencia de los juicios tradicionales, las evidencias deben ser otorgadas por los testigos y no se aceptan actas por escrito.

“El trabajo de relevamiento de evidencias es fundamental. La querella (representante de la víctima), la defensa (del acusado) y la Fiscalía (responsable de investigar y acusar) deben realizar todas las audiencias previas necesarias para llegar al juicio con las pruebas presentadas de forma clara”, cuenta Harfuch.

Es necesario evitar todos los tecnicismos que dificulten la comprensión o puedan llegar a generar algún tipo de manipulación de la información. El lenguaje tiene que ser sencillo y entendido por todos, al tiempo que no se permiten dilaciones ni pruebas confusas.

“Deben contar con todas las evidencias para poder decidir si el acusado cometió el hecho que le imputan. Por eso, el trabajo preliminar es importante para que el juicio no se dilate y se resuelva en pocas jornadas”, afirma Elvio Garzón, coordinador del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. Unanimidad. Una vez concluida la instancia de presentación de pruebas, el jurado se reúne en una sala en la que están solo los 12 miembros para debatir el caso. Son ellos quienes definirán el proceso de decisión, cómo argumentarán en la búsqueda de la verdad y si condenarán o absolverán al acusado. Ante la duda, siempre deberán optar por la inocencia.

Para Harfuch, “la unanimidad es clave. Es la garantía de que se agotaron todos los argumentos y de que el tribunal soberano acordó un veredicto certero. Ante esa resolución no hay cuestionamiento posible: es el pueblo el que habló”.

La diversidad de las miradas aporta mayor legitimidad al fallo. “En un juicio profesional, todos los protagonistas son personas del derecho. En estos casos, se entrecruzan historias, posiciones y formaciones distintas que ayudan a que haya lecturas desde lugares muy diversos”, agrega Garzón.

La unanimidad es condición para los casos más graves en todas las jurisdicciones, a excepción de Neuquén, donde al menos 8 de los 12 jurados deben acordar un veredicto. En Buenos Aires, alcanza con 10 votos en delitos de penas menores. “Pensamos que la exigencia de unanimidad es también recomendable para prevenir errores. Debe garantizarse la producción de prueba, existir los suficientes recursos para que las defensas, especialmente las oficiales, produzcan las evidencias necesarias”, afirma Garrido.

Uno de los cuestionamientos que se les hicieron a los tribunales populares es la posible tendencia de la ciudadanía a orientarse por la denominada mano dura. “Los jurados populares no están exentos de equivocarse y la amplia experiencia de Innocence Project en Estados Unidos lo demuestra”, señala Garrido.

“Tiene que haber mecanismos para corregir los errores que se cometan, como la filmación de las audiencias, mecanismos adecuados para la conservación de pruebas durante todo el tiempo de la ejecución de la condena y un mecanismo menos restrictivo para revisar condenas equivocadas”, explica. Además, remarca la necesidad de “un fondo para la producción de pruebas onerosas cuando las personas acusadas no tengan recursos suficientes para solventarlas y sus reclamos sean razonables”.

Otra crítica a esta metodología es la formación o capacitación de los jurados, pero Harfuch la desestima. “No es necesario saber de leyes para poder definir si se cometió o no un crimen. Lo que hace rico el debate es que sean voces diversas y despojadas de cualquier tecnicismo”, aclara.

Los juicios por jurado tienen un promedio de duración de entre dos y cinco días y ayudan a agilizar el sistema. En este sentido, Halperin menciona la dilación del juicio en el caso del policía Luis Chocobar, que se extendió por siete meses. “Si se hubiese implementado un juicio por jurados, se habría resuelto en una semana”, manifiesta el especialista.

En caso de no llegar a un acuerdo, se debe debatir de nuevo hasta un máximo de tres veces. Si no se logra coincidencia en el veredicto, se declara al jurado estancado. El juez resolverá la disolución del mismo y el reemplazo por otro. En el caso de que el nuevo también se estanque, el acusado será absuelto.

La sentencia del jurado popular cierra el caso. No hay apelación posible, ya que se considera que no existe ninguna instancia superior a la decisión soberana. La única manera de que un juez considere la impugnación es que vaya contra todas las evidencias presentadas, algo prácticamente inviable.