El censo y los actuales pero viejos desafíos del congreso

La información surgida de los censos debería ser utilizada para actualizar la densidad poblacional que sustenta la elección de los diputados y, a la vez, servir de base para mejorar los procesos de deliberación y legislación de ambas cámaras. Hasta ahora

El 18 de mayo se realizará el censo nacional y, si bien una posible mirada del operativo es que se trata de una gran encuesta en términos de personas, hogares y viviendas, en todo el territorio nacional y para este momento determinado, resulta imprescindible aportar otra visión, de corte institucional, y desde el derecho parlamentario: se vislumbran una serie de desafíos que el Congreso Nacional, y cada una de las Cámaras, a partir del miércoles próximo deben afrontar.

Algunas tareas se renuevan porque son pendientes de larga data (como la cuestión de la representación), otras, vinculadas con el procedimiento parlamentario y el proceso de formación y sanción de leyes, se presentan como una oportunidad de mejora en lo institucional que, en algunos casos, también responden a la coyuntura política del momento.

Esta edición, será la número 11, luego de las celebradas en los años 1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010.

En términos de representación política, el número de habitantes de la Nación que surja pondrá nuevamente el foco en la integración de la Cámara de Diputados. Los actuales 257 legisladores que la componen (y su distribución territorial) son el fruto del censo llevado a cabo en 1980 y las leyes 19.862 y 22.847, a pesar de haberse verificado un aumento de la población en 3 ocasiones posteriores.

El art. 37 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso Nacional debe fijar la representación con arreglo a cada censo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base de uno por cada treinta y tres mil habitantes, o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos.

Ciertamente esto no ha sido cumplido por el Congreso. La Cámara Nacional Electoral también lo ha destacado en 2018 -y recordado en 2020- al considerar que la representación del pueblo en la Cámara de Diputados se encuentra directamente ligada a la densidad poblacional de las provincias y de la Capital Federal, y que la actualización a realizar no es una opción sino un mandato concreto.

Lo que se encuentra en juego es la igualdad de la representación de la población.

La determinación del número de diputados por habitante de la Nación fue precisada en la Reforma Constitucional de 1898 al aumentarse la unidad electoral de 20.000 a 33.000 habitantes, y la fracción de 10.000 a 16.5000. Ello, como consecuencia de no haber atendido el resultado de los censos de 1869 y 1895, y para evitar críticas a la institución parlamentaria en términos de gastos exagerados y representación numerosa en comparación con otras naciones. También, como señalara en la sesión del 4 de marzo de 1898 el Convencional Constituyente Informante Ayarrgaray, para “lograr un espíritu tranquilo y prudente que debe siempre

inspirar la legislación de una verdadera democracia” (cfr. Convención Nacional de 1898 –Buenos Aires, Compañía Sud americana de Billetes de Banco, 1898-, p. 41).

Pareciera que estamos condenados como Sísifo: la sub y sobre representación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el número actualizado de habitantes del país sigue siendo un problema sustancial, que necesariamente debe ser resuelto por los legisladores.

Por otra parte, el censo es una inmejorable fuente de información que puede llevar al Congreso Nacional, a partir de las comisiones permanentes de asesoramiento de cada una de las Cámaras, a mejorar sus procesos de deliberación y legislar informado en evidencia.

En ese sentido, legislar contando con la información que surja del censo, plasmada, formateada y administrada correctamente, de forma verídica, objetiva y verificable, y con la participación de los destinatarios de las normas, resulta un elemento central en el proceso de formación de las leyes y en la calidad final de las normas.

No es que el Congreso Nacional y sus legisladores carezcan de fuente de información, y existan mecanismos en aras de asegurar la calidad de las leyes; pero -sin duda algunanunca es suficiente lo que se pueda realizar en ese sentido; y en pos de la administración de la información científica, abierta y transparente, disponible para todos en condiciones equitativas y sin discriminación alguna, y que se brinde en forma universal a toda la comunidad.

Imposible no pensar en el pasado, y la política educativa llevada adelante por Sarmiento a partir de los datos del primer censo de 1869, y sus benetiempo ficiosos efectos en el porvenir de la Nación Argentina que en ese entonces alumbraba su desarrollo. Imposible no pensar en el futuro, y en los potenciales y múltiples efectos positivos de las políticas públicas en salud, educación, medio ambiente, energía, comunicaciones, narcotráfico, seguridad y de vivienda, entre diversas materias, diseñadas a partir del censo y bajo procedimientos modernos de toma de decisión.

Ambos desafíos resultan vitales para la Nación Argentina, sin banderías políticas; y se dan en un escenario en el cual la composición de cada una de las Cámaras se ha visto modificada sustancialmente a la luz de las elecciones legislativas 2021.

Tal como afirma David Natzler (ex Clerk de la House of Commons del Parlamento del Reino Unido) la práctica y el procedimiento parlamentarios no existen en el vacío, y están íntimamente ligados o conectados al ambiente político del Parlamento. Las tensiones políticas entre los diversos bloques parlamentarios exacerban los planteos cruzados, adquiriendo la cuestión reglamentaria una importancia capital a la hora de garantizar el cumplimiento de las reglas de juego.

Así, el Reglamento de cada una de las Cámaras comienza a ser visto como una herramienta política partidaria ante la falta de acuerdo y/o claridad en sus normas. Se vislumbran (ya los hemos visto) roces políticos que se materializan en diferentes interpretaciones de las normas y prácticas internas de las Cámaras.

El modo en que se fija la agenda parlamentaria, el carácter de las sesiones, el quorum para poder sesionar, el

Domingo Sarmiento desarrolló su política educativa a partir de los datos del censo de 1869

de tolerancia permitido para iniciar la sesión, la conformación -y cambios- de los bloques e interbloques, de acuerdo con la dinámica política verificada en los últimos períodos parlamentarios, y el cómputo de las abstenciones adquieren súbita fama, relegando los aspectos basales de la representación y la legislación de calidad.

Testigo de los avatares vividos en dicha institución en su carácter de taquígrafo del Senado de la Nación, señalaba el célebre caricaturista Ramón Columba en su libro “El Congreso que yo he visto”, que “el Congreso Nacional no sólo es la institución básica de nuestro sistema democrático, sino el espectáculo más atrayente que nos es dado presenciar. Y el más completo, porque es la vez academia, universidad, cátedra de controversias, seminario de investigaciones, tribunal de justicia y vehículo de información. Tiene por misión esclarecer la conciencia de los argentinos y hacer oír la voz del pueblo y de sus autoridades, al diapasón sensible de cada período. La historia de nuestro Congreso es la historia de nuestra Nación, y en sus bancas -bancas de nadie, pero que nos pertenecen un poco a todos - encontramos los altibajos de nuestro destino”.

Un nuevo censo ocurrirá, y se actualizan las cuestiones parlamentarias. De no resolverse adecuadamente, se corre un riesgo muy alto y que precisamente no es gratis para toda la Nación Argentina: la parálisis del funcionamiento del Congreso Nacional y la degradación de nuestra democracia representativa.