El dilema es lo que no hay

La desventaja del verdadero laboratorio de política económica en que se transformó Argentina en el último medio siglo, por lo menos, es vivirlo desde adentro. No es muy habitual encontrar un país que lleva ese lapso conviviendo con tasas de inflación de dos dígitos, con escalones de casi híper, con años de estabilidad absoluta (¡hasta deflación, incluso!). Tampoco es corriente que existan sociedades que, sin una guerra o una catástrofe natural, presenten un estancamiento de su producto y, ante el suave crecimiento demográfico de su población, pérdida de bienestar, generando una brecha importante entre quienes tienen un trabajo de productividad similar a las economías más desarrolladas y quienes viven en la precariedad.

Ante este escenario agobiante, las políticas propuestas para superarlo no siempre corrieron por el andarivel de lo tradicional. La heterodoxia se convirtió en un sello de argentinidad, con la necesidad de encontrar una salida aceptable para el electorado y factible, dadas las restricciones. Pero una y otra vez, todos los éxitos gozaron de un déficit en su legitimidad social y, por lo tanto, insostenibles en el mediano plazo o deseados pero imposibles de sustentar por los “fundamentals” económicos.

En los últimos treinta años hubo dos temporadas de relativa larga duración en las políticas económicas: la convertibilidad lanzada por Domingo Cavallo en 1991, que se extendió algo más de una década, y la fase de salida de la gran crisis que siguió a su implosión, en 2003, que duró hasta 2007, bajo la gestión de Roberto Lavagna. En ambos casos, una clave fue retener los resortes para llevar a cabo las políticas que se diseñaban.

Los demás ministros tuvieron solo un rol parcial (por atomización de las áreas) o terminaron en cortocircuito con el oficialismo de turno. En eso no hubo distinciones partidarias: al grupo que llega al poder no le gusta compartirlo con un “técnico” que siempre pide menos interferencia y más apoyo para llevar a cabo con éxito su gestión. No es otra la lectura que puede hacerse de la renuncia forzada de Martín Guzmán, que pidió más resortes bajo su mando para ejercer su rol, o la eyección de su efímera sucesora, Silvina Batakis. La ministra propuso una hoja de ruta que resultó insuficiente ante las urgencias que la propia ida de Guzmán había potenciado, sin apoyo político.

Al parecer, el tiempo de discutir y ensayar salidas heterodoxas ante los desafíos terminó. El kirchnerismo hizo, durante los últimos veinte años, de la necesidad una virtud. Quizá porque siempre tuvo algún lote de recursos sobre los que pivotear una política que siempre intentó ganar voluntades traducidas en votos y cuidando que no explotara antes de tiempo. Así como determinó al borde del papelón que la gestión de Batakis se había agotado ante la inminencia de espiralizar una crisis financiera y cambiaria, la sensación de estar frente a un límite externo que no es negociable forzó el resto de las decisiones.

Le retórica heterodoxa sucumbió ante la realidad: las reservas externas del Banco Central se calculan para dos semanas de importaciones, luego de una semana en que el “efecto Massa” no impidió un drenaje de US$ 700 millones. Los “avaros” productores que enmarrocaban en su silobolsas los dólares que faltaban ahora son objeto de seducción. El tipo de cambio marginal pasó de ser insignificante a un termómetro de confianza. La teoría que desacoplaba la emisión monetaria de la inflación se derrumbó frente a la evidencia argentina de que también aquí rige la ley de la gravedad monetaria. Y el último bastión de la bandera de la insumisión económica, las tarifas de los servicios públicos divorciadas de la estructura de costos, se rindió ante la evidencia de que el retraso persistente introdujo un desequilibrio microeconómico, fiscal y cambiario luego del abuso al que fue sometido. Nuevamente, la economía vuelve a sus fuentes: el principio de la escasez como rector de las decisiones. Una condición necesaria, pero todavía insuficiente, para torcer el rumbo de agravamiento de la crisis. ■