Pobreza y algo más en la pospandemia

A pesar de las mejoras que tuvieron luga r du - rante el último año en mater ia de crecimiento, inversión pública, recuperación de la ocupación, caída del desempleo y mayores líneas de asistencia social, en un contexto de pospandemia –y también de “primavera-verano electoral”–, las mediciones del Indec en materia de indigencia marcaron para el primer semestre de este año un promedio de 8,8%, mientras que la tasa media de población por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 36,5%. En clave de una mirada en el corto plazo, dichos valores no distan mucho del último semestre de 2021, aunque sí se observa una mejora significativa con respecto al primer semestre de ese año, en realidad, el último semestre donde el contexto de pandemia sigue todavía vigente: 10,7% y 40,6%, respectivamente.

Sin embargo, si ponemos en juego una mirada más aguda de estos datos, sin todavía cambiar de perspectiva temporal, las mejoras logradas por la reactivación pospandemia durante el primer trimestre (enero-marzo) del año habrían alcanzado un mayor éxito al informado oficialmente. Nada más ni nada menos que 8,2% de indigencia y 34,5% de pobreza, resultando estos los niveles más bajos alcanzados hasta el momento por el actual gobierno; incluso logrando con esto un piso promedio algo más bajo que la herencia dejada durante la crisis de 2019 por la administración anterior. Aunque, en realidad, con tasas de crecimiento del 10% interanual, recuperación de todos los sectores económicos y una caída del desempleo al 7%, estas mejoras relativas no parecen ser tan relevantes; con el añadido de que, tal como va mostrando la evidencia, tampoco parecen sostenibles.

En efecto, los datos del primer semestre también incluyen un segundo trimestre (abril-junio) que da cuenta de una tendencia contraria: la tasa de indigencia habría aumentado al 9,4% y la tasa de pobreza al 38,6%; y, en ambos casos, con perspectivas ciertas de continuar creciendo. Esto, debido fundamentalmente a la caída de las remuneraciones, al mismo tiempo que se agotan las capacidades de los hogares para generar más trabajos de subsistencia, así como las necesidades de mercado – incluido del informal– en demandar más mano de obra.

Es cierto que la inflación tiene mucho que ver con la dinámica de la pobreza, pero no es el fuerte incremento de los precios lo que explica la pobre performance social obtenida durante la pospandemia, ni mucho menos logra explicar la reproducción de una pobreza crónica y acumulativa. Tanto la inflación como el aumento de la pobreza son ambos emergentes de fallas mucho más estructurales y cruciales. En principio, cabe señalar que no es el aumento de los precios sino el deterioro de las remuneraciones lo que genera estos desequilibrios, y esto no solo por desigualdades en la puja distributiva, sino por la creciente informalización productiva-remunerativa de los empleos disponibles y de los nuevos trabajos que logra autogenerar la economía social de subsistencia.

En clave ahora de una mirada temporal de más largo alcance, en el mediano plazo, la explicación del deterioro parece residir en la falta de inversión y de una demanda agregada de empleos de creciente productividad en el sector privado. Esto es, en la puesta en valor de más capital y más demanda de trabajo, en todos los campos de la actividad socioeconómica; sea para crear valor agregado de mercado como de carácter social, cultural o ambiental. Algo que, en la economía argentina actual –al menos la última década y media–, resulta difícil de alcanzar sin un plan previo de estabilización que ordene el sistema de precios alrededor de un nuevo punto de equilibrio distributivo, baje la inflación y ofrezca un horizonte de certidumbres. Esto significa nuevas reglas de juego macroeconómicas imposibles de lograr sin una acción política. Una decisión de ese tipo que nos saque de la crisis económica implica un barajar y dar de nuevo en materia de ganadores y perdedores, lo cual requiere de un necesario y amplio acuerdo político-social, fundado en la confianza como regla de negociación.

En otros términos, salir de la degradación actual requiere de una eficiente conjugación en materia de responsabilidad, en materia de política económica y alta racionalidad entre los actores del sistema político. Dos condiciones que, lamentablemente, todavía no parten de un mandato moral entre gran parte de las dirigencias, así como tampoco un incentivo frente a potenciales escenarios catastróficos.

Ahora bien, este vacío está lejos de resolverlo la puesta en escena de nuevos programas o asignaciones sociales o, incluso, la creación de más trabajos precarios en el marco de la economía social. Es cierto, todos estos recursos constituyen un alivio frente al hecho objetivo de caer en una pobreza más profunda, pero de ninguna manera una plataforma para salir de manera efectiva de esa condición. En este contexto, sin todavía contar con un plan de estabilización, se pone en agenda una ampliación de los programas asistenciales para atender el aumento de los precios, o se busca culpables entre las empresas formadoras de precios, perdiendo de vista la causalidad de los fenómenos, como si no tuviéramos otras urgencias en materia de educación, salud o hábitat.

Mientras esto ocurre, el proceso de deterioro sistémico continúa sin todavía tener freno, y un sistema estanflacionario tiende a consolidarse. Por una parte, con cada crisis, al mismo tiempo que los más pobres se hunden más en la pobreza extrema, parte de los sectores medios descienden a un infierno impensado. A continuación, con cada burbuja de reactivación –generalmente electorales–, todos mejoran, pero ni unos ni otros logran recuperar el estado anterior. El resultado final de cada ciclo es un mayor desequilibrio macroeconómico y, por lo tanto, una sociedad estructuralmente más empobrecida y mucho más desigual, con un sistema económico más heterogéneo y mercados laborales más segmentados.

Luego de medio siglo de fallidos programas de modernización –sean ortodoxos o heterodoxos–, lo cual generó un retroceso histórico inimaginable para nuestros progenitores, con fracasos político-económicos sin mediar responsabilidad, con dos o tres generaciones de nuevos pobres y una nueva en gestación, corresponde preguntarse sobre cuáles serían las condiciones o procesos que harían posible cambiar el rumbo de este país en decadencia. Lo cierto es que, en las últimas décadas, matrices político-ideológicas tanto “mercadocéntricas” como “estadocéntricas” no lograron generar –a pesar de sus buenos propósitos– una efectiva convergencia socioeconómica ni un “derrame” de bienestar capaz de erradicar las exclusiones económicas que afectan a los mercados de trabajo y a la estructura social.

El principal desafío continúa siendo poner en marcha un modelo de crecimiento equilibrado, con aumentos de productividad en los sectores más rezagados y con mayor equidad distributiva, bajo un tipo de cambio de equilibrio económico y social. Todo lo cual es, a su vez, en función de una razonable estabilidad macroeconómica, junto con la puesta en marcha de un régimen productivo que integre tanto la expansión del mercado externo como el crecimiento del mercado interno. Se aproxima una ventana de oportunidad a través de la sobreproducción de alimentos, minerales y energía, los cuales el mundo habrá de demandar de manera creciente, que habrá de demandar el desarrollo de nuevos servicios, industrias e innovaciones fundados en el conocimiento aplicado. Ahora bien, estas ventajas no se lograrán sin una nueva generación –ahora progresista– de reformas estructurales, lo cual a su vez requiere de una clase dirigente capaz de reunir acuerdos político-económicos estratégicos.

La puesta en marcha de políticas superadoras de la decadencia requiere de mayor racionalidad, capacidad y decisión política, contar con los diagnósticos correctos, reunir a los mejores, acordar entre diferentes soluciones posibles, abandonar la especulación y la grieta ideológica para construir una política de negociación y de consensos democráticos, con el fin de balancear tanto las demandas sociales más urgentes, como –sobre todo– las de las nuevas generaciones que habrán de sufrir las consecuencias de la ya mala praxis acumulada.

Ahora bien, si bien es evidente que estos desafíos no forman parte de la actual agenda política, estoy convencido de que habrán de serlo muy pronto, desde un lado y del otro de las principales coaliciones políticas o, incluso, de las nuevas que podrían conformarse a partir de su eventual descomposición. La buena noticia es que el fin de este ciclo es tan necesario como posible, se trata de un proceso que ya se está gestando entre nosotros. No descarto que esta última inferencia arrastre algún sesgo emocional, pero hay señales que dan cuenta de que no solo se trata de un pronóstico esperanzador, sino también de una hipótesis plausible con altas chances. Si es así, debemos estar preparados para el desafío de un cambio de rumbo. ¡En buena hora!