40 años de trabajo en democracia: logros y desafíos

A cuatro décadas de la recuperación del sistema democrático, exministros rememoran su paso por la gestión. Coinciden en la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, pero con la garantía de que los trabajadores no pierdan derechos.

El mundo del trabajo cambió. La composición de la masa sindical es diferente, las luchas obreras mutaron, las tecnologías irrumpieron con velocidad en el sector transformándolo por completo y el propio Ministerio se fue reconstruyendo y adecuando a lo largo de las últimas cuatro décadas. En el marco del evento “40 años de trabajo en democracia”, organizado por Fundación Éforo, exministros rememoran su paso por la cartera y ensayan una puesta en común de los principales temas pendientes.

Restitución y reconstrucción. Con una democracia recientemente recuperada, el exdiputado provincial Juan Manuel Casella asumió como ministro de Trabajo en 1984, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. “La primera dificultad consistió en instalar un gobierno que venía con absoluta inexperiencia, ya que el radicalismo no era gestión hacía muchos años. Se había derrotado a un peronismo acostumbrado a ser el partido dominante y la Confederación General del Trabajo (CGT) asumió rápidamente el papel de convertirse en la columna vertebral del peronismo y trabajar para su regreso al poder”, sostiene.

El abogado radical enumera los tres aspectos puntuales que le pidió Alfonsín apenas asumió: presentar una delegación unificada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), normalizar los sindicatos, ya que una gran cantidad se encontraban intervenidos, y recuperar las relaciones con los gremios peronistas. “Las primeras dos las logramos. La tercera, no. No encontramos vías de una política compartida, consensuada y con base en los acuerdos”, asegura Casella.

Luego de su paso por la cartera laboral, se desempeñó dos veces como diputado nacional y fue candidato a vicepresidente en fórmula con Eduardo Angeloz, en 1989. Desde su mirada, hay tres desafíos por abordar en la actualidad: reforzar el sector sindical, luchar contra el trabajo no registrado y bajar la inflación. “Este marco laboral es muy distinto al de los años ‘80. El cambio tecnológico modificó la forma de trabajar. Ahora hay menos reuniones en unidades fabriles, menor cantidad de afiliados y, por ende, se reduce la influencia en la política. Por otro lado, está el crecimiento del trabajo en negro, sin protección sindical, sin obra social y sin acceso a la jubilación, que afecta a casi el 40% de la masa empleada. Esos son los problemas más graves, además de la inflación, que es el mayor daño salarial que sufre un trabajador”, sostiene.

Transformaciones y conflictividad.

A fines de 1992, asumió en la cartera laboral el abogado Enrique Osvaldo Rodríguez, proveniente de la llamada Renovación Peronista, quien previamente había sido subsecretario y secretario del área. “Asumimos planteándonos un propósito fundamental: se estaban produciendo grandes transformaciones económicas en el país y teníamos que generar un derecho del trabajo que las contemplara. Se discutió mucho, tomamos algunos antecedentes del propio Perón. Debíamos decidir cuáles serían los roles y los contenidos del Estado en ese proceso de cambio”, relata el exfuncionario.

Pero en aquel contexto, las reformas fueron impulsadas básicamente desde la economía y no desde el derecho del trabajo, según explica Rodríguez. “Intentamos hacer normas laborales para defender al trabajador. Algunas logramos llevarlas adelante y otras no, debido a que el proceso económico de la convertibilidad tenía un esquema muy rígido”, afirma.

Para el actual presidente de la Obra Social del Personal de Organismos de Control Externo (OSPOCE), uno de los grandes debates del mundo del trabajo del siglo XXI debe pasar por las transformaciones que producen las empresas de tecnología: “A estas compañías no hay que combatirlas, pero sí regularlas. No puede ser que tengan beneficios impositivos por décadas y no haya ningún compromiso como contrapartida. Debe haber transformaciones en los modos de producir y crear empresas, pero también tienen que generarse derechos. ¿De qué forma? Como nos enseñó el peronismo en el ’45, teniendo un Estado que controle el capital sin impedir las transformaciones económicas,

pero que ese desarrollo no afecte los derechos del trabajador”, resume.

Post 2001 y estabilidad. Con la democracia ya consolidada, pero con una de las peores crisis económicas, políticas y sociales sobre las espaldas, en mayo de 2002 asumió la cartera laboral la dirigente peronista Graciela Camaño. Llegó para reemplazar a Alfredo Atanasof, quien estuvo solo cuatro meses en el cargo. “Me tocó ser ministra en un momento muy especial de nuestro país. Reflejo mi gestión en cada empleado, en cada funcionario y en la que me acompañó como viceministra Noemí Rial. El trabajo es uno de los grandes ordenadores que tiene la sociedad. Por lo tanto, las normas y las relaciones laborales no pueden estar desordenadas”, sostiene Camaño.

Para la exministra y actual diputada nacional, la dirigencia política debe tener la madurez de sentarse a dialogar y encontrar caminos de consenso que sean ordenadores. “Venimos con una legislación viejísima. Tenemos que pensar en la tecnología que generó vínculos nuevos entre los trabajadores y los empleadores, y nosotros no lo estamos viendo. Debemos pensar en las Pymes, en un sistema para ellas. Es necesario encararlo ahora”, apunta.

En coincidencia con otros exministros, la informalidad laboral es, para Camaño, el debate pendiente: “Durante 40 años fuimos incapaces de construir estabilidad económica y eso repercute de manera pavorosa en el mercado laboral. Tenemos, hace casi 20 años, un 40% de trabajadores que están por fuera de lo que la Constitución Nacional ordena”.

Continuidad. En mayo de 2003, de la mano de Néstor Kirchner, quien sacó menos votos que la cantidad de desempleados que había en ese momento, Carlos Tomada fue designado ministro de Trabajo. “Veníamos de muchos años de alta desocupación y de un deterioro de las condiciones laborales terrible. Nuestro propósito era generar empleo. Yo duré 12 años porque hubo dos presidentes a los que les importaba el trabajo y ante cada cimbronazo me decían que los costos nunca los iban a pagar los trabajadores. También, porque tuve un equipo que en su mayoría estuvo toda la gestión y, además, porque evidentemente algo hice bien”, relata Tomada.

Luego de tres gestiones al frente de la cartera laboral, el abogado y actual embajador en Méjico realiza su balance. “Siempre digo que los números hablan por mí: la creación de puestos de trabajo fue inédita; el combate al empleo no registrado también, llegamos con 50% y nos fuimos con un 32%”, analiza Tomada.

Sobre el futuro del mercado laboral y el rol del Estado, resalta dos puntos a encarar. El primero es la interacción y las regulaciones de la economía popular con el empleo formal. El segundo, el vínculo con las nuevas tecnologías. “El derecho de los trabajadores es y seguirá siendo el escenario de disputa contrahegemónico para los que creemos en este sistema. Está claro que el empleo se transformó, pero cuidado, no está escrito en ningún lado que el trabajo del futuro es sin derechos”, afirma.