Mayores aranceles, menor legalidad.

Una insólita resolución de la ANMaC, la 204/22, aumentó exponencialmente las tasas de renovación de las credenciales de legítimo usuario y tenencias. Cuáles serían los motivos.

Una resolución de la ANMaC, la 204/22, aumentó exponencialmente los aranceles de renovación de las credenciales de legítimo usuario y tenencias.

Hace pocas semanas la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) emitió la disposición 204/22, a través de la cual incrementa de manera exponencial los valores de los aranceles del organismo para las distintas tramitaciones vinculadas con las amas a partir del 1 de febrero de 2023. Esto mismo le ha generado causas legales (serían cuatro hasta ahora) a la directora ejecutiva de la entidad.

Es cierto que no se aumentaron esas tasas desde las épocas de la cuestionada directora anterior –Natalia Gambaro–, generadora del psicofísico monopólico, ilegal y arbitrario de Dienst Consulting (empresa de Hugo Moyano).

Pero la inflación acumulada desde entonces ronda en un 600 %, no el 2.300 % o más que han incrementado algunas de las distintas tramitaciones.

Hay quienes creen que el principal objetivo (pero no lo es) de esto es la recaudación desorbitada para el Ente Cooperador y la posterior repartija de dinero sin control. La caja política RENAR fue establecida por José Genaro Báez en los albores de la presidencia de Carlos Menem. La Ley 23.979 de creación del Ente Cooperador fue crucial para permitir recaudar millonadas de dólares durante el 1 a 1 de esa época. Junto con esta variante de corrupción legalizada, el desembarco del gremio hegemónico habilitó la conformación de prebendas y componendas varias, de las que se nutren los delegados y empleados bendecidos por la organización sindical. El legado de corrupción que se le atribuiría a la época de Genaro Báez nos afecta a todos los usuarios. No es posible que el Registro Automotor (otro artilugio legal para políticos y sindicalistas, donde Báez se movió como pez en el agua) entregue las credenciales en 48 horas, y que la ANMaC tarde meses, a veces años en hacerlo, con pérdidas de documentación y otras aberraciones.

La funcionaria a cargo de la actual dirección de la ANMaC, nacida en Chipre, solo tiene dedicación para cumplir con la cuota de la Agenda 2030 referida al desarme de toda la población argentina. De hecho, está contemplado en el 4º artículo de la Ley 27.192 de creación de la ANMaC, que el organismo desarrollará políticas para reducir el circulante de armas en la población. Y ésta es una clara aplicación de lo estipulado. La estrecha relación de la directora ejecutiva con las organizaciones financiadas por George Soros, como la RAD (Red para el Desarme), INECIP (Instituto de Estudios Com-

parados en Ciencias Penales y Sociales) y otras, la llevan a conformar actividades de promoción de la “no violencia con armas de fuego”, de “el macho armado” como mal ejemplo y de otros temas delirantes e inventados en el extranjero. De esta manera ocupa su tiempo y no le queda nada para resolver el rosario de reformas y cambios que la institución necesita.

Este aumento de tarifas para las renovaciones de las credenciales de legítimo usuario (CLU), tenencias, tarjetas de consumo de munición, recargas, etc., es un paso más en el camino hacia el desarme civil, tan anhelado por los enemigos de la Nación. Llevar las tasas a valores impagables impedirá que muchos puedan renovar sus CLUs y, menos aún, poder adquirir legalmente armas de fuego.

El esquema de corrupción-desarme tuvo, como mencioné, su gran expansión desde comienzos de los años ‘90, pero se está incrementando de manera exponencial en el presente. Más armas pasarán al mercado ilegal gracias a la política del kirchnerismo. La idea sería incrementar mucho más aún los aranceles, hasta que muy pocos sigan en la legalidad. De esta manera, se podrían alzar con una cantidad de armas vía entregas e incautaciones, las que después podrían desaparecer bajo las mismas narices de quienes ya vieron evaporarse varios miles más en el pasado. Las investigaciones del caso suelen terminar en vía muerta en toda ocasión.

En síntesis, por solo mencionar los trámites principales de Usuarios Individuales, desde febrero una tenencia de arma más su cartilla de compra de municiones costará $ 18.000 ($ 10.000 la tenencia y $ 8.000 la cartilla). Y $ 5.000 el arancel de la Credencial de Legítimo Usuario (hasta enero valía $ 800). Si es con multa por no renovar dentro de los tres meses del vencimiento, deberá el usuario agregar otros $ 5.000 más. Los aranceles para portaciones, matrículas, poder certificante y demás trámites para quienes trabajen en la actividad, aumentaron hasta un 10.000 %. Nada que no sea perjudicar el ambiente de las armas y a los usuarios justifica esto.

Sin duda, es imperativa una reestructuración total del organismo, derogando la ANMaC y resucitando el anterior RENAR, poniendo a cargo gente idónea, no globalistas de otros países. La Justicia debería investigar bienes patrimoniales, viajes y gastos de tarjetas de todo el staff de la institución, desde 1990 a la fecha. Varias sorpresas saldrían a la luz.