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Hay 14 ciudadanos venezolanos y otros 5 iraníes cuyos pasaportes fueron retenidos y tienen la salida del país prohibida.

Con nueva asesoría legal, piden a la Justicia mayor celeridad para poder resolver su situación, mientras permanecen varados en un hotel de Canning.

Aseguran que el avión llegó al país para entregar autopartes provenientes de México.

La Justicia Federal ya dispuso una batería de 35 medidas de prueba entre las que figuran el análisis de celulares y exhortos internacionales para conocer la situación de los tripulantes y la aeronave.

Asimismo criticaron a la fiscal federal instructora Cecilia Incardona de no consignar un posible delito sobre cada uno de ellos e investigar sobre un ilícito y un supuesto no caratulado oficialmente.

En tanto, se lleva adelante el análisis de las cajas negras extraídas por ingenieros aeronáuticos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil durante la madrugada del viernes en la nave que continúa sin combustible y bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeronáutica por orden de Villena.

Uno de los dispositivos graba las voces dentro de la cabina y el otro registra los datos de aeronavegación. Con esto la Justicia busca corroborar si efectivamente la aeronave recorrió los países y destinos declarados en la documentación escrita secuestrada a la tripulación.

Lo anterior se desprende de una batería de 35 medidas dispuestas por la justicia federal entre las que se encuentran el análisis de celulares, computadoras portátiles y tablets, además de exhortos internacionales a través de Cancillería Argentina a diversas agencias sobre los tripulantes y la aeronave, siendo la última dirigida a Paraguay tras los dichos del ministro de Inteligencia de ese país, Esteban Aquino, quien aseguró que el piloto Gholamreza Ghasemi está vinculado con la Fuerza Quds, facción de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.